Dr. Ricardo Villanueva García

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Derechos Humanos

Los derechos humanos y el principio de no injerencia

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Mucho se ha escrito y debatido en torno al alcance jurídico del Principio de No Intervención en los asuntos internos de otros Estados, también conocido como Principio de No Injerencia en cuestiones domésticas de otros Estados. Sin embargo, no se ha logrado armonizar criterios que permitan diferenciar los casos de evidentes y oprobiosas intromisiones de un Estado en los asuntos soberanos de otro Estado; de aquellas situaciones que por sus propias especificidades reclaman el concurso de la comunidad internacional para ejercer control y sancionar sistemáticas vulneraciones a la democracia y los derechos humanos, cometidos por regímenes dictatoriales.
La Carta de las Naciones Unidas no contiene una prohibición expresa de No Intervención en asuntos internos de un Estado por parte de otro Estado. Pero sí, el artículo 2, párrafo 7, prohíbe a las Naciones Unidas intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, advirtiendo que dicha limitación no se opone a la aplicación de medidas coercitivas, cuando la paz de la humanidad está en serio riesgo.
La Carta de la OEA aborda el tema con mayor precisión al señalar que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen” (art. 19). El artículo 20 manifiesta: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”. Estas normas evidencian que el derecho internacional americano prohijó el principio de no intervención (doctrina Calvo, Drago, Estrada). Es así que la trascendente Resolución 2625 de la AG de las Naciones Unidas sobre el tema adoptó la línea de la Carta de la OEA, dándole carácter mundial.
Pero parecería que el carácter puro del principio de No Intervención o No Injerencia ha sido rebasado por la práctica internacional e incluso por la norma positiva; dando credenciales y legitimidad a una ineludible injerencia en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos o vulneración del orden democrático de un Estado, con consecuencias humanitarias.
La denominada injerencia humanitaria se materializa mediante presiones políticas y no de intervención armada. Esto al margen de otras determinaciones que en situaciones extremas pueda adoptar el Consejo de Seguridad de la ONU.
Con esto, no se trata de tolerar o de permitir que un Estado decida acerca de la capacidad legal de otros Estados, sino de rechazar vulneraciones al Estado de derecho y consecuente violación de los derechos humanos.
Muchos regímenes despóticos se amparan en el principio de No Intervención o No Injerencia para eludir la inexcusable sanción internacional que ameritan las severas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La protección de los derechos humanos se ha internacionalizado, ha trascendido la jurisdicción puramente local. Aplicar medidas de presión o sancionatorias a los Estados que incurren en esas prácticas no constituye injerencia en asuntos internos; es proteger un bien jurídico que está bajo la tutela del Derecho Internacional.
Similar razonamiento exige la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho de un país. Violar su institucionalidad democrática es conculcar severamente los derechos civiles de su población, el derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal. El respeto a este catálogo de derechos es la  expresión más diáfana de la soberanía del pueblo.
Karen Longaric R. es profesora de Derecho internacional en la UMSA.
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